Por: Cristóbal López de la Manzanara Cano, presidente de ADEFARMA.
La verdad es que, si echamos la vista atrás y reflexionamos sobre lo que ha pasado desde marzo de 2020 hasta ahora, nos damos cuenta lo frágil que es la naturaleza humana, a la hora de dar respuesta a toda una serie de enfermedades, virus, bacterias, todavía por aparecer en pleno siglo XXI.
Elucubraba con un amigo en tiempo, al albor de una película de ciencia ficción, como seríamos en el siglo XXI y cada uno, en el ejercicio gratuito de la imaginación, señalábamos avances que suponíamos alcanzados en este futuro, uno de ellos, me acuerdo, era el referido a la práctica desaparición de las enfermedades mortales.
Bien es cierto que, desde entonces, se ha avanzado mucho pero no es menos cierto que ha bastado un virus de minúsculo tamaño para que constatemos, la “fragilidad de la naturaleza humana” frente a las pandemias de este tipo.
Lo malo es que son en estas situaciones tan dramáticas cuando más descubrimos las carencias de lo que más necesitamos, y cuando más descubrimos las fortalezas de quien menos esperamos.
Estábamos tan confiados que nuestra sanidad pública era de las mejores del mundo y así lo proclamábamos orgullosamente, tanto desde la propia administración como desde la sociedad española.
Pero, como el que no quiere la cosa, de golpe y porrazo nos hemos encontrado inmersos en la mayor tragedia de hace muchos años, que a día de hoy se ha llevado por delante la vida de casi 4 millones de personas con 185 millones de afectados, aparte también, la economía de muchos países, con las consecuencias que ello supone para el futuro de todos, ante la lenta recuperación que se vaticina.
España como no podía ser de otra manera no ha escapado a los efectos devastadores de esta catástrofe y se ha visto sumida en un tsunami sanitario de incalculables secuelas económicas sociales, materiales, personales, políticas, morales, etc.
Desgraciadamente, nuestro sistema de salud, al igual que el de cualquier país del mundo, no estaba ni de lejos preparados para afrontar un desastre de tal magnitud.
Y sobre esta perspectiva no es mi intención, por supuesto, justificar los numerosísimos errores cometidos, sobre todo por una administración central, incapaz de desarrollar sus competencias de la mejor manera posible en este tipo de situaciones, como tampoco es cuestión disculpar a las comunidades autónomas, en la parte que le corresponda.
No se trata de, en este artículo, analizar cada una de las decisiones ni del Gobierno de la Nación, ni del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y menos las de otras Comunidades, porque la historia se encargará de juzgar a cada uno, en el tiempo.
En la parte que nos toca respecto a la farmacia y a los farmacéuticos, si me gustaría señalar el tremendo esfuerzo que desde el principio de la pandemia y hasta ahora hemos venido realizando, y lo que nos queda, fuimos el único establecimiento sanitario que permaneció abierto durante el confinamiento y lo hicimos en unas condiciones de protección muy escasas, al igual que la mayoría de los profesionales sanitarios que llevaban a cabo su ejercicio con escasez de materiales, sin garantía alguna y a veces, muchas, de fabricación casera.
Todo porque la gestión de aprovisionamiento y suministro por parte del Gobierno fue un absoluto desastre que, entiendo, debería ser motivo de una investigación policial y control judicial para determinar la responsabilidad de un caos, con resultado de muchas muertes.
Precios desorbitados y descontrolados, desabastecimiento, dudosos contratos, bloqueo de pedidos, pésima distribución, deficiente calidad del producto, expropiación de pedidos, mala utilización de fondos públicos, consejos erróneos, en fin, muchos deslices que, afortunadamente, con el tiempo se fueron corrigiendo pero que dejaron, por el camino, una sensación de desconfianza e incertidumbre, respecto de quienes mantenían la obligación constitucional de proteger la salud de los españoles.
La evolución de la situación ha permitido rectificar bastantes de estos imperdonables errores y ahora la situación es diferente, creo que también es importante que los fabricantes de mascarillas, bata y EPIs hayan constituido su propia Asociación, (OEsp) y batallado por un régimen normativo del desarrollo de su actividad empresarial, sobre la base de la transcendencia que adquiere para la sociedad que se cumplan unos estándares de calidad, certificados adecuadamente.
Desde ADEFARMA, queremos creer que todos hemos aprendido de esta pandemia y que cada cual, en lo que le afecta, intentará mejorar para el futuro, por supuesto, lo que pasó con las mascarillas, batas y Epis fue algo indescriptible, por lo que entendemos que la administración debería incentivar y apoyar la industria de fabricantes a nivel nacional, por los muchos y diferentes motivos: la creación de empleo, la contribución a la riqueza nacional, la seguridad y garantía de abastecimiento, la investigación, la contención de precios, entre otros.
El Estado del Bienestar no puede retroceder el camino recorrido, la sociedad cada vez demanda más necesidades, la salud es un bien social que no tiene que estar sujeta a los vaivenes de la clase política que, parece más interesada en resolver sus propios problemas que aquellos de quienes representan, ahora con los fondos europeos se abre una gran posibilidad real para reconstruir la economía y el empleo que el virus ha destruido, pero, también, es una considerable oportunidad para apuntalar las graves deficiencias evidenciadas desde marzo del año pasado.
No podemos permitirnos situaciones tan bochornosas y escandalosas como todo lo que rodeó a los materiales de protección, tan necesarios y esenciales, en esta trágica ocasión.